En junio de 2020, el Gobierno de la Generalitat Valenciana aprobó la Ley 1/2020 del juego, la regulación más restrictiva de todas las puestas en marcha por parte de las comunidades autónomas para regular esta actividad. Entre otras modificaciones, la norma contemplaba una distancia de 850 metros entre locales de juego y centros escolares, además del cierre de prácticamente todos los locales de apuestas ya que cancelaba la renovación de sus licencias. Suponía de facto un cierre encubierto del sector que la Generalitat pretendía para la supuesta protección de los usuarios del juego ante una ola creciente de juego problemático. Los datos de Sanidad corroboran que los problemas derivados del juego no están creciendo. La edición 2022 de la encuesta EDADES del propio Ministerio de Sanidad estima que solo el 0,4% de la población española de entre 15 y 64 años tiene posibilidades de presentar un patrón de trastorno del juego. El valor disminuye un 20% respecto a 2018. Sobre el papel, la norma parecía una buena idea: para que se jugara menos, bastaba dificultar el juego. La realidad no fue tan sencilla y los efectos resultaron ser los contrarios. La norma sí ha conseguido cerrar locales de juego, y que disminuyera tanto la facturación de algunos subsectores afectados como la recaudación de impuestos de la Generalitat, pero ha tenido otros efectos no deseados: según los datos del propio Gobierno, ha aumentado un 17% el juego ilegal y se han destruido 2.500 empleos.
En este punto nos encontramos ante el efecto Ley Seca: cuando la autoridad limita excesivamente una actividad común en el ocio de la sociedad, ésta no acaba, sino que pasa a la clandestinidad. El juego ilegal se caracteriza por la falta de controles, por lo que acarrea mayores riesgos y permite el juego a menores y personas inscritas en los registros de auto-prohibidos, además de la generación de empleo de peor calidad, y de menores recaudaciones de ingresos de impuestos para las administraciones, .
Diversas legislaciones han promulgado normas prohibicionistas en torno al alcohol, al juego o a otros productos de consumo a lo largo de la historia, en algunas ocasiones con desastrosas consecuencias. El caso más conocido es la Ley Volstead norteamericana, más conocida como la Ley Seca. En enero de 1919, el Gobierno de los Estados Unidos ratificó la Enmienda XVIII a la Constitución, que prohibía la fabricación, transporte, importación, exportación y la venta de alcohol en todo el país, mediante la aplicación de severas multas y penas de prisión para los infractores. leer noticia completa en theobjective
